CIUDAD JUAREZ

México

Mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: dimensiones de un desafío

Casi 400 mujeres asesinadas en once años. Las matan por ser mujeres. ¿Quiénes son los asesinos? Se trata del problema número uno de derechos humanos en México. Es la expresión más trágica del colapso del Estado de derecho en este país.

Jorge Alonso

El Estado moderno se originó en una especie de pacto en el que la sociedad, para poder convivir en paz, le confirió al Estado la exclusividad del uso de la fuerza, a la que se llamó "violencia legítima". Esa fuerza debía salvaguardar primordialmente la vida de los individuos bajo la tutela estatal. Con la globalización neoliberal, el Estado ha sido obligado a achicarse y a abandonar un cúmulo de sus obligaciones con los derechos ciudadanos, confinándolo al papel de guardián de la propiedad. Las fuerzas del mercado legal, y las del ilegal, lo han ido inutilizando hasta en sus niveles más elementales. Los mercados negros de drogas, armas, personas y pornografía han construido un poder paralelo, corrompiendo a gran cantidad de personas y de instituciones en cuyas manos se ha depositado hoy la violencia legítima responsable de cuidar la vida de los ciudadanos. Resultado: la han convertido en ilegítima y la han usado en contra de la sociedad civil.

En México, la demanda de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar seguridad ha ido en aumento. A finales de junio, la capital de la República fue escenario de la marcha más multitudinaria de la historia reciente, cuando miles y miles exigieron el cese del clima de inseguridad ciudadana. En un principio los poderes del dinero, de los medios electrónicos y de varias organizaciones ultraderechistas pretendieron manipular la marcha, pero la irrupción de tan masiva sociedad, plural y pluriclasista, lo impidió. Fueron familiares de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez las que encabezaron tan impactante demostración de conciencia, lo que le dio a la marcha un gran simbolismo. Porque el caso más importante que refleja la inseguridad nacional es ése: los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

 

LA CIUDAD MEXICANA CON MÁS MADRES SOLTERAS

El feminicidio en Ciudad Juárez, ciudad chihuahuense también conocida como "paso del norte", situada en la frontera con Estados Unidos, ha sacudido la conciencia nacional e internacional.

Ciudad Juárez es una de las ciudades mexicanas de mayor densidad poblacional. Más de la mitad de sus habitantes son inmigrantes. Además, una enorme cantidad de gente se asienta allí con la intención de pasar a Estados Unidos para trabajar. Son muchos los juarenses viviendo en condiciones miserables. Si ya en 2001 los datos oficiales registraban un alarmante número de marginados, en 2003 la cifra se había duplicado.

Desde hace 40 años Ciudad Juárez ha sido un polo de atracción de mano de obra para las maquiladoras. En los años 70 y 80, en un contexto de creciente desempleo masculino, la oferta de empleo priorizaba a las mujeres jóvenes. Los empleadores argumentaban que las mujeres trabajaban más y, sobre todo, que les resultaban más baratas. Esto contribuyó al aumento de la migración femenina. Al frente de muchos hogares de Juárez estaban mujeres solas. Es en esta ciudad donde se reporta el índice más alto de hijos nacidos de madres solteras. Entre los varones, creció el consumo de alcohol y la violencia contra las mujeres fue incrementándose. Si bien a finales del siglo XX hubo una importante incorporación de mano de obra masculina y se llegó a una situación de casi pleno empleo, la recesión en Estados Unidos repercutió a inicios del siglo XXI provocando una nueva ola de desempleo. Cuatro de cada cinco empleos formales chihuahuenses se perdieron en Ciudad Juárez y la proporción entre empleos femeninos y masculinos se volvió a desequilibrar a favor de los femeninos. Jovencitas que intentando pasar ilegalmente a Estados Unidos no lo conseguían, se quedaban varadas en Ciudad Juárez sin identificación, sin dinero, sin manera de contactarse con sus familiares. Muchas de ellas se convertían en fáciles presas de las redes de prostitución.

 

1993: LAS PRIMERAS OCHO VÍCTIMAS

El desempleo, el ambiente inhóspito y el desarraigo creó el ambiente propicio para que la drogadicción y la violencia se propagaran. Ciudad Juárez ha sido asiento de uno de los más poderosos carteles de la droga. Tráfico de drogas, de armas, de vehículos robados y de personas, con la complicidad de policías y autoridades de todos los niveles, hicieron de Ciudad Juárez una ciudad muy violenta. Es en este contexto donde aparece en 1993 un macabro fenómeno: se encontraron ocho cadáveres de mujeres con señales de violación, tortura y estrangulamiento. Eran las primeras cuentas de un largo rosario de misterios dolorosos que aún no termina. Los cuerpos correspondían a jóvenes cuyos familiares las habían reportado como desaparecidas, mientras las autoridades habían sido negligentes en su búsqueda.

 

ASESINATOS BRUTALES, REITERADOS Y NO ACLARADOS

Desde entonces, los hallazgos han continuado hasta hoy. La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes de color moreno; un considerable número de ellas, trabajadoras de las maquiladoras que habían inmigrado en busca de mejores condiciones de vida y que vivían expuestas a la inseguridad por los horarios de trabajo y por la falta de transporte nocturno. Muchas fueron raptadas, mantenidas en cautiverio durante días, sometidas a vejámenes, violencia sexual, torturas y mutilaciones. Encontraron la muerte por estrangulamiento o por golpes salvajes. Sus cuerpos fueron escondidos entre escombros, en zonas desérticas o al lado de las vías para hacer creer que el tren las había destrozado. Entre las asesinadas hay no sólo empleadas de las maquiladoras, también amas de casa, estudiantes, trabajadoras de servicio doméstico y prostitutas.

En estos años la sociedad ha venido exigiendo explicaciones y soluciones, argumentando que los responsables de estos horrendos crímenes se encontraban entre los traficantes de drogas y de personas. Se han barajado nombres de jefes policiales y de empresarios de giros negros. Entre los enlistados han aparecido poderosos personajes ligados a rancias familias del viejo régimen. Fueron acusados integrantes de bandas juveniles y un egipcio cercano a la tercera edad, quienes aceptaron su responsabilidad en algunos asesinatos. Se ha hablado de gente que, por medio del estrangulamiento, buscaba sofisticados experimentos sexuales. También de ritos narcosatánicos, de filmaciones "snuff", de represión contra trabajadoras que pretendieron hacer una labor sindical y hasta de tráfico de órganos. La realidad son brutales asesinatos reiterados y no aclarados, que expresan que ser mujer y ser pobre resulta allí muy peligroso, pues eso las convierte en blanco predilecto.

 

SE FUERON EVIDENCIANDO LAS COMPLICIDADES

Algunos cuerpos nunca fueron reclamados. Pero los familiares de muchas de las víctimas sí las buscaron. Y al emprender esta tarea se toparon con la desidia y la burla de las autoridades locales. Un primer problema: en Chihuahua la desaparición forzosa no es un delito grave que debe perseguirse de oficio. Por esto, nunca se investigó a tiempo. A los familiares se les daban respuestas insultantes: "Ya aparecerá con su cholo y sus cholitos", "Ella se lo buscó", "Eso no hubiera pasado si hubiera traído una falda más larga". La madre de una asesinada se quejaba amargamente de que "el matón" no se presentaba a declarar porque lo protegían parientes de Seguridad Pública y de la Judicial. Quienes demandaban que se investigara en las casas de seguridad de los narcos eran amenazados y todos los que pedían justicia eran hostigados. Se fue haciendo así evidente la complicidad de policías municipales, estatales y federales. Los familiares se quejaban de que se les maltrataba e ignoraba porque ellos y las asesinadas no eran ricos. Las víctimas y sus deudos no tenían acceso a la justicia y la desconfianza en las autoridades fue en aumento.

 

LOS FAMILIARES SE ORGANIZAN: "¡NI UNA MUERTE MÁS!"

Las autoridades y los medios de comunicación quisieron hacer creer a la sociedad que las asesinadas tenían una doble vida y que por eso eran culpables de su muerte. Se ponía en entredicho su reputación y la de sus familias.

La complicidad, impunidad, corrupción, negligencia, ineficacia e ineptitud de las autoridades, convocó a madres, hermanas y vecinas de las víctimas a organizarse y darse a la tarea de investigar, entrevistar testigos y hacer brigadas de rastreo para buscar los cuerpos.

Junto con maestras, abogadas y militantes de organismos de derechos humanos iniciaron su lucha. Hicieron emerger instancias autónomas para hacer el recuento de sus muertas y exigir justicia y así fueron apareciendo distintas agrupaciones: Mujeres de negro, Nuestras hijas de regreso a casa, Justicia para nuestras hijas, Ni una muerta más.

Han insistido en que un solo caso debía haber bastado para que las autoridades hubieran realizado una investigación bien hecha y creíble, con más razón cuando los casos se multiplicaban, sin respuesta de las autoridades. Estas agrupaciones fueron aportando líneas de investigación sustentadas, incluso con nombres y teléfonos. Las autoridades desdeñaban sus datos, mientras las agraviadas exigían inútilmente que imperara el Estado de derecho.

Para buscar solución a este abominable problema la sociedad civil organizada detectó graves anomalías en las investigaciones oficiales: errores en las fechas de las denuncias y encuentro de los cadáveres, racismo sexista en el momento del levantamiento de la denuncia, importantes fallas en los expedientes, rezagos en la identificación, localización y búsqueda de las víctimas... La actividad cívica evidenció el deterioro de las corporaciones policiales. Las primeras reacciones de las autoridades locales trataron de minimizar los hechos alegando que todo se estaba exagerando y que se trataba de hechos aislados. Después, el gobierno del Estado de Chihuahua aseguró que todos los culpables se encontraban ya presos. Cuando esto fue desmentido, porque no se había hecho un esclarecimiento fundado de todas las denuncias, el gobierno local, irresponsablemente, se declaró "superado". La presión de la sociedad civil prosiguió y la Procuraduría General de la República (PGR), junto con la Procuraduría estatal integraron una Fiscalía mixta, señalada como ineficaz y simuladora. Tanto los gobernantes panistas como los priístas, estatales y municipales, han sido incapaces para dar respuestas válidas, profundizando así la impunidad.

 

EL CONFLICTO SE GLOBALIZA: GARZÓN, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS

Ante la negligente respuesta de las distintas autoridades gubernamentales mexicanas, familiares de las asesinadas y grupos de derechos humanos optaron por tocar puertas internacionales. La prensa extranjera se ha ocupado con mucha más frecuencia que la mexicana de este estrujante tema. Desde Estados Unidos fue denunciado el hecho de que las autoridades mexicanas habían identificado incorrectamente un importante número de cuerpos de las asesinadas y que sus familiares habían sido hostigados. Una periodista se preguntó qué ocultaba el gobierno mexicano o a quién estaba encubriendo.

El juez español Baltasar Garzón expresó su deseo de analizar estos centenares de casos, insistiendo en que era importante investigar si se trataba de una forma sistemática y premeditada de eliminar personas por razones de género. Aceptando que esta tarea correspondía a las instituciones mexicanas, consideró que estos asesinatos se habían convertido en un "crimen contra la humanidad". A mediados de 2003 el Congreso de España aprobó por unanimidad un recurso pidiendo al gobierno mexicano ahondar en las investigaciones y dar solución a las familias de las asesinadas. También propuso llevar el caso al Parlamento Europeo.

En octubre de 2003 legisladores de Estados Unidos hicieron un recorrido por Ciudad Juárez, se entrevistaron con familiares de algunas víctimas, que pidieron la presencia allí de una policía internacional que frenara la ola de asesinatos. ONG estadounidenses se quejaron de que las autoridades mexicanas no estaban haciendo lo suficiente para prevenir la violencia contra las mujeres, investigar los asesinatos y responder adecuadamente a los familiares. La situación se agravaba porque la respuesta ante estas presiones eran amenazas de los poderes locales contra los familiares de las víctimas.

 

ONU Y OEA: INFORMES REVELADORES

La relatora de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales examinó el intolerable caso de las muertas de Juárez. Consideró que el gobierno mexicano, al descuidar la protección de la vida de sus ciudadanos, había provocado una sensación de inseguridad en muchas mujeres de Ciudad Juárez. Denunció que los asesinatos eran delitos sexistas favorecidos por la impunidad. Instó al gobierno a adoptar medidas para proteger a los defensores de derechos humanos y para poner fin a la violencia contra las mujeres.

En Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió a organizaciones de los familiares demandando acelerar acciones que pusieran fin al clima de terror e inseguridad en Ciudad Juárez, esclarecieran cada caso y acabaran con la impunidad. También se pronunció en contra del hostigamiento hacia los familiares. En el informe de la relatora especial de la CIDH para los derechos de las mujeres se enfatizó una pista de investigación: los asesinatos tenían su raíz en la violencia doméstica e intrafamiliar y en algunos casos eran su causa directa.

La directora ejecutiva del Fondo de la ONU para las Mujeres afirmó que, para enfrentar el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, faltaba coordinación entre los niveles de gobierno y debían corregirse las prácticas laborales en las maquiladoras. En 2003, la ONU firmó un acuerdo de colaboración técnica con el gobierno de México para aclarar estos feminicidios.

En abril de 2004 el periódico "Le Monde" publicó un informe confidencial de la ONU, denunciando la posible colusión policíaca y los nexos con el narcotráfico en las desapariciones y asesinatos. Calificaba de "tardías" e "ineficaces" las políticas aplicadas y pedía al gobierno mexicano firmar con el de Estados Unidos un protocolo de ayuda para realizar investigaciones conjuntas. Un dato relevante en este informe era que en El Paso, Texas, ciudad estadounidense colindante con Ciudad Juárez, radicaban agresores sexuales llevados allí desde todo el territorio estadounidense en su fase de pre-liberación. La cifra de los pre-liberados en esa frontera era alta: en 2001 eran 756 y en 2004 había 600.

El diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, elaborado por la oficina del Alto Comisionado de la ONU concluyó que los crímenes de Juárez eran "un caso extremo de ausencia del Estado en varios niveles".

 

EL MUNDO ESTÁ MIRANDO Y EXIGIENDO JUSTICIA

Después de haber realizado en 2004 una indagación "in situ", una delegación de la provincia canadiense de Québec, integrada por una legisladora y representantes de ONG, exigió al gobierno mexicano acelerar las investigaciones para dar con los responsables de los asesinatos, encontrando "inaceptable" que las muertes se hubieran trivializado y no se hubiera identificado públicamente ni castigado a los verdaderos culpables.

También en 2004 el Comité femenino de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, que representa a 150 millones de trabajadores en 152 países, condenó los crímenes que desde hacía once años ocurrían en Ciudad Juárez. Enviaron una carta al Presidente Fox, expresándole duras quejas por la gravedad de la violencia contra las mujeres juarenses, resaltando la responsabilidad de las administraciones del Estado de Chihuahua y del nivel federal en la impunidad que rodeaba la mayoría de los crímenes. Exigían una investigación exhaustiva e imparcial, lamentando que los casos se hubieran minimizado y culpado a las víctimas, trabajadoras pobres.

 

AMNISTÍA INTERNACIONAL: ES VIOLENCIA DE GÉNERO

Una de las organizaciones que ha estado muy activa en esta escalofriante problemática ha sido Amnistía Internacional. En 2003 difundió el informe "Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua", en el que daba a conocer sus propias indagatorias. Concluía que al menos una tercera parte de las asesinadas había sufrido agresión sexual antes de morir. Y denunciaban que durante diez años la respuesta de las autoridades había sido tratar los crímenes como violencia común en el ámbito privado, sin reconocer la existencia de un patrón de violencia persistente contra las mujeres, que tenía profundas raíces en la discriminación de género.

Refiriéndose a las deficiencias de las investigaciones oficiales y al clima de impunidad, señalaba que las investigaciones habían sido abandonadas en sus inicios, cuando un seguimiento eficiente hubiera podido salvar vidas. Recalcaba que era una vergüenza para las autoridades el que las familias hubieran tenido que asumir el papel de investigación porque a quienes competía se habían comportado con apatía, indiferencia e incluso con complicidad.

 

EL PROBLEMA NÚMERO UNO DE DERECHOS HUMANOS

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México ha desarrollado una actividad especial en el caso de las asesinadas en Ciudad Juárez. En noviembre de 2003 presentó ante el Ejecutivo y el Legislativo un informe de 1 mil 500 páginas, señalando la poca voluntad de los gobiernos federal, estatal y municipal para resolver la tragedia.

Esta comisión constató graves irregularidades y delitos en las indagatorias, con patéticos casos de descuido. Una gran parte de los culpables había huido hacia Estados Unidos y la pretendida intención de aminorar la gravedad del fenómeno había propiciado un clima de impunidad. La CNDH recomendó solicitar la cooperación de autoridades estadounidenses y sugirió una fiscalía federal para hacer una investigación a fondo, ya que la crisis en la procuración de justicia se estaba constituyendo en "un cáncer en expansión". Las asesinadas de Ciudad Juárez se habían convertido en una vergüenza nacional y mientras no se supiera quiénes eran los criminales y se hiciera justicia no habría palabras para aliviar el dolor de sus familiares.

Un senador preguntó al Ombudsman si no le parecía una actitud injerencista la posición de los diputados españoles, a lo que éste respondió que ante un Estado que no sabía cumplir con sus obligaciones cualquiera se sentía en el derecho de "jalarle las orejas". El Ombusdman declaró que coincidía con el informe de Amnistía Internacional y se quejó de que las recomendaciones que la CNDH había hecho a las autoridades no habían sido tomadas en cuenta o sólo se había fingido obedecerlas. A mediados de 2004 el Ombudsman aseguró que las asesinadas de Ciudad Juárez se habían convertido en el problema número uno de los derechos humanos en México.

 

MARCELA LAGARDE AL FRENTE DE LA COMISIÓN

Un examen de las acciones de las instancias oficiales, sobre todo en el nivel de entidad federativa, mostraba insuficiencia, capacidades técnicas limitadas, graves errores y hasta intentos de encubrir a posibles implicados. Además del hostigamiento a familiares y defensores de derechos humanos, también se fabricación culpables por la vía de la tortura. Familiares de las víctimas se resistían a aceptar como culpables a los individuos consignados, porque los procesos de aprensión y los juicios estaban plagados de irregularidades, sin pruebas contundentes, con coacción de testigos y, sobre todo, porque continuaban los asesinatos, con las mismas señales de saña. Los familiares sentían que las autoridades sólo querían acallar el clamor en su contra.

Reiteradamente, a lo largo de estos años, las organizaciones civiles han acusado a cuerpos policiales vinculados con los carteles de la droga, a cómplices, a responsables políticos, tanto de procedencia panista como priísta. El hallazgo de una narcofosa en enero de 2004 evidenció que un alto número de miembros de la policía judicial del estado de Chihuahua estaba implicado y se dio una desbandada de altos mandos.

Los legisladores mexicanos se han ido sensibilizando ante esta tragedia. Desde la legislatura correspondiente a los años 2000-2003 crearon una comisión especial para enfrentar el feminicidio en Ciudad Juárez. Actualmente, esta comisión, destinada a conocerlo y a darle seguimiento, no sólo en Ciudad Juárez sino en todo el país, está presidida por la diputada feminista Marcela Lagarde. La comisión trabaja conjuntamente con una instancia similar del Senado de la República.

 

HASTA QUE ARRECIÓ LA PRESIÓN INTERNACIONAL

Durante muchos años el gobierno federal se mantuvo al margen de las investigaciones alegando falta de competencia. Cuando en 2003 la situación hizo crisis y la presión nacional e internacional arreció, la PGR se ocupó de algunos casos. La PGR avaló la similitud de las víctimas y el "modus operandi" de los asesinos.

Las organizaciones civiles sugirieron varias vías de investigación: asesino serial, tráfico de drogas, violencia intrafamiliar y hasta la trayectoria de un presunto ciudadano estadounidense que cruzaba la frontera, cometía crímenes, y regresaba a su país. La directora del Instituto Nacional de las Mujeres apuntó que una parte de las asesinadas fue víctima del crimen organizado y otra, la mayoría, pereció víctima del ambiente de violencia del país.

El Instituto de la Mujer del estado de Chihuahua, aduciendo el apoyo de una auditoría periodística, minimizó el problema y determinó que poco más de la cuarta parte de los asesinatos correspondía a crímenes sexuales, y el resto tenía que ver con crímenes personales, robo, narcotráfico y otras causas. Tuvo que aceptar que había habido una mala integración de las investigaciones, lo que ponía en juego la credibilidad del sistema judicial.

El gobierno federal anunció un plan integral de seguridad pública para Ciudad Juárez y creó una Subcomisión Intersecretarial, abierta a recibir la colaboración del FBI de Estados Unidos. La Policía Federal Preventiva hizo su aparición en Ciudad Juárez. El Secretario de Gobernación declaró que, aunque no estaba de acuerdo con todo el informe de Amnistía Internacional, atendería sus recomendaciones. El Presidente de la República reconoció que el problema era preocupante e indignante y admitió que faltaba mucho por hacer para lograr un país libre de violaciones a los derechos humanos. El gobierno federal presentó un programa de 40 puntos y anunció el nombramiento de una Comisionada al frente de una Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez. Posteriormente, por presiones de las legisladoras, la PGR nombró también a una fiscal especial para esos crímenes.

 

A FINALES DE 2003 UNA COMISIONADA AL FRENTE

A finales del 2003 una prestigiada luchadora social a favor de los derechos humanos, María Guadalupe Morfín Otero, fue nombrada Comisionada. Pero la comisión que preside no tiene fuerza ejecutiva, sino sólo de coordinación y enlace. Sus funciones implican la interlocución directa con las familias de las víctimas y con las autoridades federales. Equivale más bien a una especie de Comisión de la Verdad. Entre los consejeros ciudadanos de esta Comisión se encuentran personalidades con reconocimiento social como la escritora Elena Ponatiowska.

En junio de 2004 la Comisionada presentó su primer informe. No era la ciudad la que mataba y agredía, quienes asesinaban eran personas y grupos concretos cuyos nombres y apellidos la sociedad seguía esperando conocer. Ciudad Juárez estaba lastimada porque por más de una década cargaba con el estigma de ser escenario de crueles asesinatos y desapariciones de mujeres.

De ese estigma debían hacerse cargo los responsables directos, los cómplices, los omisos, pero también quienes habían contribuido por miedo o discriminación callada al silencio que había resultado mortal para cientos de mujeres.

Debido a la impunidad, la delincuencia se había tomado la ciudad. Muchos progenitores dudaban si los cuerpos que les habían entregado correspondían realmente a los de sus hijas, pues no se habían realizado exámenes adecuados de identificación. El dolor de los familiares era permanente e insuperable. Muchas de las pruebas para llegar a los culpables estaban borradas y eran irrecuperables.

La Comisionada se refirió también al colapso del derecho, a las implicaciones del modelo económico en una situación tan grave como la que estaba viviendo la ciudad y a la irresponsabilidad y corrupción de los distintos gobiernos de los dos partidos que han gobernado en estos últimos años a Chihuahua. Y se comprometió a promover ante el Congreso local una reforma para proteger los derechos de las mujeres y de los niños y para mejorar el contexto social, familiar y laboral de las mujeres. La Comisionada precisó que su trabajo -escuchar a los que hasta entonces habían sido ignorados- apenas comenzaba y que quería cumplir con su papel de ser vía institucional de coordinación para que fueran escuchados. Reabriría los casos a los que el gobierno había dado ya carpetazo.

También ella ha tenido que sufrir la hostilidad del gobierno priísta de Chihuahua. A la par, se iba ganando a los activistas, quienes, por fin, reconocen en sus palabras el mismo lenguaje que ellos vienen utilizando desde hace años.

La Fiscal especial para las indagaciones sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez también presentó a mediados de 2004 un informe de su gestión. Comprobó que la procuración de justicia en Chihuahua era "un desastre" y dio cuenta de la primera revisión de 50 expedientes, en donde detectó delitos porque no se investigó o porque se hizo indolentemente. La fiscal analizó las probables responsabilidades de 81 miembros de la Procuraduría de Chihuahua, de los cuales 51 estaban todavía en funciones.

 

CRECE LA MOVILIZACIÓN: "¿QUIÉNES LAS ASESINARON?"

La sociedad mexicana ha seguido esta tragedia, indignada ante medidas tan insultantes como las sugeridas por el Subprocurador de Justicia del Estado de Chihuahua, quien recomendaba que la comunidad se aplicara una especie de toque de queda. O ante las campañas de algunos medios de comunicación, que invitaban a las mujeres a vestirse decentemente para no ser objeto de violación y de muerte.

Pero, como más allá de comisiones, subcomisiones, foros, discursos partidistas y fiscalías especiales, los asesinatos no han cesado, los familiares de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil no han cesado en sus movilizaciones. Y han seguido preguntando a gritos: "¿Quiénes las desaparecieron y las asesinaron? ¿Quiénes protegen a los asesinos?". Se han realizado marchas en Ciudad Juárez y en la ciudad de México con claveles rojos y fotografías de las desaparecidas y asesinadas y se han hecho plantones ante la Secretaría de Gobernación, la PGR y ante la Nunciatura Apostólica del Vaticano. La consigna más repetida es "Ni una muerta más".

A la par, han proseguido las denuncias del incremento del feminicidio, no sólo en Juárez sino en la capital del estado de Chihuahua y en muchas otras ciudades. Se hace ver la incongruencia de que en muchos Estados se castigue más el robo de una vaca que los delitos sexuales.

Los familiares esperan que se ponga fin a la impunidad, que haya justicia, que se castigue a los funcionarios negligentes y corruptos y que el gobierno pague los funerales de las asesinadas. Las organizaciones de la sociedad civil -sosteniendo que estos crímenes no son sólo una vergüenza nacional sino también mundial- insisten en que se acaten los tratados internacionales, en que los tres poderes del Estado cumplan con sus obligaciones y no permitan que estos delitos prescriban. También critican el modelo económico basado en las maquiladoras, empresas para las que sus trabajadoras son desechables.

 

LAS MADRES NO VAN A CALLAR

En febrero de 2004 hubo una marcha en Ciudad Juárez en la que participaron legisladoras y actrices mexicanas y estrellas de Hollywood. La Comisionada defendió la presencia de activistas extranjeras como Jane Fonda, negando que esto violara la soberanía nacional. Argumentó que era un derecho fundamental de los pueblos recibir y expresar solidaridad con personas afectadas en sus derechos humanos. Destacó que las madres de las víctimas y las organizaciones civiles se habían visto obligadas a acudir al ámbito internacional para obtener resultados.

Un mes después, la CNDH anunció la creación en México del primer tribunal de conciencia sobre violaciones a los derechos humanos de las mujeres de Ciudad Juárez para denunciar a los funcionarios que no habían aplicado la ley durante una década de impunidad.

En 2004, el Presidente Fox ha declarado en varias ocasiones que ya se estaban investigando todas las posibles causas de estos crímenes, tanto las causas sociales externas, como los errores de procedimiento, la negligencia, la complicidad o cualquier actuación fuera de la ley en las investigaciones. Se ha comprometido a llevar a juicio y a imponer castigo a los responsables de conductas ilegales en las investigaciones y a no dejar impunes a los culpables de los crímenes. Los organismos civiles le responden exigiendo resultados tangibles y llaman la atención sobre el desempleo, la violencia y la poca habilidad de la clase política, factores estructurales que han provocado el desencanto civil ante gobernantes, legisladores y partidos políticos. También piden que haya un reconocimiento público de la dignidad de las víctimas y sobrevivientes y que se dé a sus familiares un resarcimiento. Las madres de las asesinadas no se han cansado de decir que hasta que se encuentre a quienes mataron a sus hijas ellas no van a callar.

 

TAN INFINITO COMO EL DESIERTO

Los defensores de los derechos humanos han exigido que se destinen recursos públicos suficientes para buscar a las desaparecidas y que se haga un banco de datos de ADN para identificar los cuerpos. Varias comunidades teatrales han puesto en escena muchas versiones de estos dolorosos hechos y una cineasta chicana filmó un magnífico documental, "Señorita extraviada".

En julio de 2004, una serie de televisión, "Tan infinito como el desierto" trató cinco líneas de investigación: narcotráfico, sacrificios humanos, videos perversos, sicópatas e imitadores. Fue transmitida en uno de los canales de más alcance y en horario privilegiado. El director de la revista "Metapolítica" dedicó un número especial para discutir el horror de las muertas de Juárez, lo que le atrajo amenazas de muerte. Toda la divulgación de estos indignantes crímenes ha causado fuertes reacciones en contra de quienes quisieran que el escándalo se ocultara.

 

LAS CIFRAS DEL TERROR

Debido a las deficiencias de las investigaciones, las estadísticas son inciertas. Hubo cuerpos que tardaron varios años en ser encontrados. Según diversas investigaciones independientes, las edades de las asesinadas van de los 11 a los 28 años y una cuarta parte de ellas eran menores de 18 años. Hay datos de 370 mujeres asesinadas, y hay quienes aseguran que llegan a 400. Existen indicios de que en 137 casos hubo violencia sexual. Hay reportes de 4,587 desaparecidas. En julio de 2004 la Fiscal especial anunció que de 4,454 reportadas como desaparecidas sólo faltaban por localizar con vida 35 y que en las desapariciones habían intervenido factores como el narcotráfico, la prostitución, la delincuencia organizada, el tráfico de indocumentadas y la violencia intrafamiliar.

Si hubiera bastado una sola desaparición para que el Estado tuviera que responder, los 35 casos no resueltos reconocidos por la Fiscal especial y los 133 restantes en las cifras de la Comisionada constituyen números alarmantes.

 

"SE TRATA DE FEMINICIDIO"

La Comisionada sostiene enfáticamente que se trata de feminicidio. Esto significa asesinatos motivados por género, crímenes generados por odio contra las mujeres. Y explica que han sido perpetrados tanto por familiares y conocidos como por desconocidos. Subraya que la extrema crueldad desplegada muestra un absoluto desprecio a la integridad femenina. Apunta que son dos los discursos oficiales: el que quiere restarle importancia al problema, y el que ya ha tenido que aceptar su magnitud.

Ciudad Juárez se ha convertido en territorio de difícil gobernabilidad por la abdicación de funciones en el combate a la delincuencia organizada por parte de policías de todos los niveles y desde hace una gran cantidad de años.

De esta forma se ha perdido allí el derecho a vivir una vida libre de violencia. Durante dos décadas floreció en Ciudad Juárez uno de los carteles de la droga más poderosos del país.

La Comisionada ha resaltado que la facilidad que tuvo para operar requirió del concurso de servidores públicos que tenían en sus manos la misión de erradicar el fenómeno. Así se gestó un poder extralegal que fue irrumpiendo en corporaciones federales y locales y que ha sido inseparable de la violencia contra las mujeres.

La trata de mujeres ha sido una de las explicaciones de muchas desapariciones. Entre otros factores, la Comisionada también ha apuntado a la falta de controles de los giros negros. Una importante proporción de asesinatos se ha debido a las actividades de muchas mujeres obreras entre las maquiladoras y a los llamados antros, sin otras opciones de socialización para ellas. También en los burdeles, las mujeres que en ellos trabajan temen por crímenes intramuros. Estos negocios son protegidos por miembros de corporaciones policiales. La falta de una política de migración entre México y Estados Unidos ha propiciado también un espacio de ilegalidad que ha facilitado el tráfico de armas, de estupefacientes y de personas, sobre todo niños y mujeres.

 

CIUDAD JUÁREZ: COLAPSO DEL ESTADO DE DERECHO

Según la Comisionada, el Estado mexicano ha fallado en una de sus obligaciones fundamentales:

la protección de la vida. Tampoco ha cumplido con los cuatro componentes del derecho a la justicia: investigación y sanción de responsables; reparación del daño; adopción de medidas que garanticen que el fenómeno no se repetirá; y garantía del derecho a saber la verdad. La conclusión es lapidaria: existe un colapso del Estado de derecho.

Pese a las acciones emprendidas por el gobierno de Fox desde finales de 2003, no se ha restablecido el orden. No basta con que el Estado reconozca el problema. Tiene que remediarlo de raíz. La Comisionada dice que, si bien todavía no se conocen los nombres de los criminales, sí se saben los nombres de las autoridades que debiendo haber actuado no lo hicieron con la debida diligencia. Sus declaraciones han sido valientes, denunciando el clima de hostigamiento a familias y defensores como un condenable atropello a los derechos de la ciudadanía, e insistiendo en la injusta cultura que prevalece en México y que desvaloriza a las mujeres. En la raíz de los crímenes es evidente la discriminación social y sexual. Y ya sabemos que el desprecio y la dominación incitan a la violencia.

 

TAREAS URGENTES PARA UNA SOLUCIÓN INTEGRAL

La solidaridad nacional y la internacional han ayudado a hacer visible esta tragedia. Pero como el agravio en contra de las mujeres no cesa, México ha sido colocado en una siniestra evidencia por este caso, realmente paradigmático. Hasta la fecha en que escribimos los resultados han sido insuficientes.

La Comisionada plantea que se tiene que enfrentar el problema desde una perspectiva integral y multidisciplinaria. Además de haber presentado un minucioso diagnóstico para la rehabilitación del entorno social, ha propuesto un ambicioso, pero realizable, plan de acción. Las tareas urgentes son muchas: se requiere la intervención decidida y extraordinaria del nivel federal, no puede postergarse una efectiva colaboración binacional, y se debe cumplir el derecho internacional, específicamente las convenciones contra la discriminación y violencia contra las mujeres.

También se tiene que revisar el modelo económico, que apostó por el empleo de mano de obra predominantemente femenina en las maquiladoras, asunto que debe priorizarse para analizar salidas. Se debe también desmantelar la base de la ilegalidad prevaleciente en Ciudad Juárez y, entre otras muchas acciones, se recomienda la promoción de espacios de capacitación para las mujeres, de prevención de la violencia doméstica, de orientación a las mujeres migrantes, de capacitación y sensibilización en derechos humanos y en perspectiva de género a los servidores públicos. Se debe crear un programa especial de apoyo en los ámbitos de salud, vivienda y educación dirigido a los hijos de las mujeres asesinadas y desaparecidas. También hay que promover políticas públicas para erradicar de todos los medios de comunicación mensajes que alienten o justifiquen la discriminación y la violencia contra las mujeres.

Es indispensable crear espacios culturales que fomenten en los jóvenes una identidad social y resulta prioritario el combate a las adicciones. Hay que sanear las corporaciones policiales, convertidas en mafias por la impunidad de que gozan. Se tiene que brindar protección a las mujeres que han denunciado las implicaciones de un ex-funcionario de la Procuraduría estatal en una red de explotación sexual. Se tiene que dar acceso efectivo a las víctimas a una justicia integral y otorgar una dignificación a las víctimas.

Un importante conjunto de acciones por realizar tiene que ver con la total reparación del daño, atendiendo directamente a las familias de las víctimas y analizando cada expediente. Otro paquete de soluciones se refiere a la generación de políticas públicas con perspectiva de género. La Comisionada ha propuesto que el Estado mexicano haga un pacto especial con las mujeres, garantizándoles su derecho a una vida plena.

 

IR A LAS RAÍCES DE LA RELACIÓN HOMBRES-MUJERES

Organismos de la sociedad civil han llegado a la conclusión de que en Ciudad Juárez urge un tratamiento público y programático de excepción, por la magnitud del fenómeno de la violencia, por la presencia del crimen organizado, por el alarmante consumo de drogas, por el flujo migratorio, por el déficit de la infraestructura urbana, por los efectos negativos del modelo que privilegió el empleo de mano de obra femenina barata, por una cultura que no ha podido integrar nuevas formas de relación respetuosa e incluyente entre varones y mujeres en el seno familiar y en los espacios sociales, y de manera particular por el colapso del Estado de derecho.

El problema es mayúsculo, y para enfrentarlo se requiere un esfuerzo plural y convergente. Es indispensable que los poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- cumplan con sus obligaciones en todos sus ámbitos. Resulta imprescindible una política nacional incluyente de varones y mujeres que vaya a las raíces que han generado el feminicidio. Ya no se pueden postergar fórmulas, tanto federales como locales, para lograr que esos asesinatos se detengan para siempre. La voz de alarma por tantas historias de dolor no atendidas y de reclamo ante las autoridades se originó en una globalización de la sociedad civil. Convergieron en esta voz organizaciones civiles en la ciudad, en la entidad federativa, en el país y en el mundo.

 

DESENREDAR LAS COMPLICIDADES Y VARIAR EL MODELO ECONÓMICO

Uno de los más arduos problemas por resolver es desenredar la anudada madeja de complicidades. Muchos de quienes tienen la misión de velar por los ciudadanos se encuentran en el bando enemigo y son los principales agresores.

Este mal no ha podido conjurarse con la alternancia política. Van y vienen gobiernos de diferentes afiliaciones partidistas y prosiguen los nexos entre las autoridades, los policías y el crimen organizado. Una verdadera solución requeriría prontitud, eficiencia, inteligencia e hilar muy delgado.

Hay que limpiar a fondo todos los cuerpos policíacos y de impartición de justicia. No bastaría con echar a la calle a los malos elementos, pues simplemente se ubicarían en el bando criminal con mucha información y con redes. Se debe tener un conocimiento preciso y los controles suficientes que garanticen que el Estado cumpla con su principal obligación, la de la seguridad.

Y también hay que variar el modelo económico. Y éste es un gran problema. En incontables foros el Presidente Fox ha remarcado su convicción de que el modelo económico imperante es el correcto. Sin embargo, el neoliberalismo ha desvalorizado saberes y trabajo, profundizando las desigualdades y convirtiéndose en un imparable productor de pobreza. Si este modelo prosigue, las propuestas económicas y sociales planteadas para poner fin a la situación de violencia en Ciudad Juárez no serán una guía de acción, serán tan sólo un catálogo más de buenas intenciones. Las asesinadas de Juárez han demostrado la capacidad de terror que contiene el modelo neoliberal. El plan integral es realizable, pero supone un cambio de fondo en las relaciones sociales que alienta el neoliberalismo.

La lucha contra la cultura y prácticas de la sociedad patriarcal es una empresa que concierne no sólo a las mujeres. Necesita de una decidida participación de los varones. Como han sostenido muchos teóricos, en el siglo XXI los movimientos de mujeres cambiarán profundamente al planeta. Hombres y mujeres tienen el reto de transformar las relaciones de poder existentes para desterrar la violencia contra las mujeres tanto en el ámbito doméstico como en los espacios públicos. Las mujeres de Ciudad Juárez, las de México, las de todo el mundo, no tienen por qué seguir viviendo con miedo. Tienen derecho a la vida.

 

Situación de los hijos e hijas de mujeres victimadas en Ciudad Juárez

En Ciudad Juárez, ni el estado de Chihuahua ni las instancias federales se responsabilizan de la atención a est@s menores, aún y cuando es evidente que han perdido sus derechos fundamentales una vez que su madre ha sido asesinada, toda vez que en muchos casos era ésta el único sostén de la familia, y pese a que algunas de ellas eran trabajadoras y aparentemente el sistema de seguridad social (IMSS) debe pensionar a sus hijas y/o hijos garantizándoles la alimentación, educación, salud y vestido, esto sólo sucede cuando existe presión y mucha gestión, dado que la pensión en ocasiones suma los 150 pesos mensuales por cada hij@, y si logras que aumente el monto de dicha pensión esto es en un mínimo porcentaje, es decir, es insuficiente.

En otros casos las mujeres a quienes se asesinó no tenían un trabajo, o al menos no con estos beneficios, y ahí los casos se tornan más difíciles, pues hay familias que tuvieron que regalar a los hijos y separarlos por la incapacidad económica para su sostén.

Entre estas criaturas existen hijas e hijos con necesidades fuertes de atención médica y psicológica, pero además económica, pues algunos quedaron al cuidado de sus abuelas y éstas no disponen de los recursos para sacarlos adelante, porque ya no trabajan debido a su edad, o bien, se vieron obligadas a regresar a la maquiladora para poder mantener a sus nietos, otros hijos simplemente quedaron solos, y hay quienes han pasado su corta vida hasta en cinco hogares diferentes, p0ara cuando alcanzan la adolescencia se sientan mayores y deseen independizarse, trayendo consecuencias graves, ya que en CJ la droga está al alcance de cualquiera y en cada esquina (sin exagerar).

Podemos documentar algunos casos graves, como el de los hijos de Lorenza Isela González (que uno de ellos vive actualmente en la calle), la hija de Perla Patricia Sáenz Díaz (que ha intentado suicidarse), los hijos de Silvia Arce (uno de ellos en el tribunal para menores, otro en Estados Unidos, a cargo de gente amiga de la familia) los de Alejandra García, a cargo de su abuela (ahora enferma y cuyo esposo falleció el año pasado de cáncer, y que los niños han presentado enfermedades que pensábamos sólo las padecíamos la gente adulta, como la migraña), los tres hijos de Rebeca Contreras (separados y con miles de necesidades), los dos hijos de Erica Pérez Escobedo, que quedaron a cargo de su abuela materna, mujer que tuvo que ingeniárselas para generar recursos para sostenerlos, al tiempo que lucha por que las autoridades reconozcan que su hija fue asesinada, y no murió por sobredosis como las autoridades difundieron, ella generalmente esta enferma. Estos solo algunos casos de los que tenemos conocimiento porque sus familias luchan desde esta asociación de familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas, pero seguramente existen otros muchos casos que cada uno de ellos debe ser una triste historia.

Nos gustaría mucho que pudieras reportar en tu informe estos casos, pues cuando nuestra organización exige la atención para estos menores, se nos informa que es todo lo que se puede hacer por ellos (un apoyo quincenal de 900 pesos a cada familia que lo solicita, y el mismo gobierno decide quién si y quien no se hace acreedor de tal beneficio, con criterios muy diferentes en cada caso, una ayuda selectiva, pues).

Por otra parte, para los menores que están solos y en la calle no hay instancia alguna que pueda encargarse de ellos, según se nos informó, pues la única institución que había de este tipo fue cerrada en la actual administración municipal (de hecho ni la conocimos). ES desesperante cuando buscas una ayuda para resolver algunos de estos problemas, que ninguna puerta se te abre y te dejan sin opción para nada. Frustra el saber que esos niños tendrán que crecer en la calle y sin educación, porque no existe responsabilidad alguna para con ellos.

Esto es sólo una muestra de los casos que podemos documentar, pero existen mas historias cuyas familias no pertenecen a nuestro grupo, y a esto habrá que agregarle cómo impactó la tragedia a otros niños y niñas familiares de las mujeres asesinadas, como hermanos y hermanas, sobrinas, etc.

De ahí el interés de Nuestras Hijas de Regreso a Casa por realizar un trabajo con esta población

FUENTE: Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C.